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Oleada de oposición a Ley de Seguridad Interior y la simulación del diálogo (2da Parte)

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Juristas en contra de la Ley

  E  l último pronunciamiento, firmado el viernes 8 de diciembre, por más de 40 doctores y doctoras en Derecho de la UNAM, Colegio de México, CIDE, Ibero, ITAM, Anáhuac y FLACSO, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.

Los principales diez puntos de estos juristas señalan que la Ley de Seguridad Interior “es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las fuerzas armadas”.

Argumentan que “la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan”.

Destacan que la iniciativa “vulnera el equilibrio de poderes” al otorgar excesivas facultades al titular del Ejecutivo federal y “permitiría la intervención de la Federación para la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa”, atentando contra el federalismo.

Consideran como “vaga e imprecisa” la definición que la ley hace de seguridad interior “por lo tanto podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conducta como riesgosas a la misma”.

“La información generada derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior será reservada y clasificada. En contraste con ello, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligados a proporcionar cualquier información (que podría ser de cualquier persona) que las requieran las autoridades facultadas por la ley”, advierten.

La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a implementar políticas, programas y acciones de prevención y de investigación del delito, “que de acuerdo con el artículo 21 constitucional corresponde sólo a las autoridades civiles”.

Contiene disposiciones que “violarían garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas”.

Tampoco se definen mecanismos “que garanticen de forma fehaciente el respeto a los derechos humanos durante las acciones derivadas de la aplicación de la ley”.

En contra de la argumentación de que es una ley para permitir el retorno de las fuerzas armadas, los juristas subrayan que “otorgar facultades a las fuerzas armadas a través de una Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad pública, las habilitará de forma permanente en la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales, y otras instituciones civiles, encargadas de la seguridad pública”.

Los firmantes demandan una “discusión pública, incluyente y reflexiva” y sentencian que esta ley “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país”.

Entre los firmantes se encuentran las doctoras y doctores en derecho Ana Georgina Alba, Marisol Anglés, Elena Azaola, José Luis Caballero Ochoa, Jaime Cárdenas, Hugo Concha Cantú, Javier Cruz Angulo, María del Pilar González Barreda, Issa Luna Pla, César Nava Escudero, Ricardo Raphael, Pedro Salazar Ugarte, Miguel Sarre, Carlos Silva, Javier Treviño, Ricardo Balero, entre otros.

Más de 100 mil mdp en Juego

Un estudio elaborado por el Centro Prodh revela que detrás de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior existe un negocio de más de 2 mil millones de dólares para la compra de armamento y equipamiento militar tan sólo entre 2013 y 2015, así como un incremento presupuestal de 1,291 por ciento en la partida 33701 denominada “gastos de seguridad pública y nacional” que ha crecido de manera discrecional.

Según la Secretaría de Hacienda, “se adjudicaron 2 mil 915 millones” en esta partida, pero “en realidad, se gastaron 40 mil 545 millones de pesos, lo que implica un aumento presupuestal de 1,2091 por ciento.

Entre 2012 y 2015 se erogaron 2 mil 35 millones de dólares en armamento y equipo militar adquirido en Estados Unidos que, al tipo de cambio de entonces, equivalía a 28 mil 560 millones de pesos.

Según la Secretaría de la Defensa, tan sólo en 2016, se realizaron 54 operaciones regionales en tareas de seguridad pública, “con un promedio diario de 52 mil elementos desplegados”.

Este despliegue ha provocado un crecimiento de más de 100 por ciento en el presupuesto de Sedena y de la Secretaría de Marina en una década. En 2007, el presupuesto para Sedena fue de 32 mil 200 millones de pesos y en 2017 fue de 69 mil 407 millones de pesos. La Secretaría de Marina pasó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007 a 26 mil 332 millones de pesos.

“Las consecuencias que puede tener el crecimiento de las fuerzas armadas y el aumento de su presupuesto a lo largo de la última década no son menores”, advierte el informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“En sí mismo, estos incrementos desmedidos pueden volverse un incentivo para que el Ejército y la Marina no dejen de realizar las tareas de seguridad que hoy realizan, en la medida que provocan una inercia organizacional que a la larga puede ser difícil revertir”, pronostica el documento.

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