Al noroeste de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México, existió un lugar llamado Granjas Lomas de Poleo, en la colonia de Puerto Anapra. Desde 1978 arribaron al lugar los primeros pobladores, se asentaron en terrenos que tres años antes fueron declarados Nacionales; eran alrededor de trescientas familias en cuatrocientas hectáreas de tierras desérticas y marginadas colindantes con Nuevo México, que les fueron procurados por las prácticas clientelistas del PRI de aquellos años, a cambio de votos.
Estos primeros habitantes comenzaron con un sistema de autoconsumo basado en cultivos, en la crianza de ganado menor y granjas avícolas en Lomas del Poleo parte alta. Con el correr del tiempo, afanosamente, abrieron caminos y calles, gestionaron servicios de agua y energía eléctrica. En 1980 construyeron la escuela primaria Alfredo Nava y después el preescolar Santa Teresa, así como una capilla católica auspiciada por la diócesis de Juárez. Para el año 2002 lograron que la Compañía Federal de Electricidad (CFE) instalara infraestructura eléctrica. Construyeron una comunidad y un legado más digno a sus descendientes.

Desde el 2001, Pedro Zaragoza Fuentes se ha adjudicado la propiedad de estas tierras. Él es considerado uno de los empresarios más poderosos y temidos del Norte del país, multimillonario mafioso propietario de un sinfín de empresas de gas y gasolina, así como de leche y tiendas de autoservicio, tanto en la ciudad como en el estado, en países latinoamericanos y Estados Unidos; financió la presidencia de Vicente Fox junto con otras y otros personajes. Resaltan sus vínculos familiares y económicos con Rafael Aguilar Guajardo, fundador del cártel de Juárez que fue policía miembro de la Dirección Federal de Seguridad. Desde entonces es asociado –incluso por autoridades estadounidenses– con el mundo de las altas esferas del narcotráfico y con los feminicidios sombríamente simbólicos de la ciudad.

Avalados con escrituras sin valor legal, que dicen que su familia adquirió esas tierras en el siglo XIX, él y su hermano, Jorge Zaragoza, iniciaron un proceso de despojo y desalojo de la colonia. En el 2003 se construyó un cerco de alambre de púas y postes de concreto que atrapó a las familias. Con torres de vigilancia y con un grupo de paramilitares y delincuentes comenzaron el acoso hacia los habitantes del lugar, que de la noche a la mañana se encontraron sitiados, con sus calles clausuradas y un puesto de control como única salida y entrada a sus hogares vigilado por decenas de hombres al mando de Catarino del Río Camacho, con la ayuda de equipos de video y radio, en camionetas pickups o a caballo, armados y con perros agresivos y peligrosos.

Desde este punto se decomisaron todo tipo de alimentos necesarios para los animales que criaban los colonos, así como materiales de construcción, y se controlaron las visitas. Muchas personas, al regresar de su jornada laboral, se encontraban con sus casas derruidas y sus animales y perros guardianes muertos envenenados o a tiros.

Las agresiones fueron tan graves que la destrucción de las casas se hizo incluso con sus habitantes dentro. Sin miramiento hubo golpizas: después de destruirle su vivienda, los guardias vapulearon a Esther Gómez. En el 2004 destruyeron el templo e hicieron huir al sacerdote Bill Morton. Un año después, los guardias blancas de los Zaragoza asesinaron a golpe de pico y pala a Luis Guerrero, quien se opuso a la destrucción de una vivienda; además, un mes después calcinaron a los hijos de María del Carmen Casanga, quienes fueron encontrados abrazados debajo de su cama dentro de su casa, a la que le prendieron fuego.

Ahí también vivió Alfredo Piñón, uno de los viejos habitantes del desierto en Lomas del Poleo, y de los más dignos y rebeldes que resistieron el despojo. En el 2008 Alfredo tenía 72 años cuando una patrulla de entre doce y quince elementos del Ejército Mexicano lo apresó en su hogar, le “sembró” armas y drogas, le vendaron los ojos, y con lujo de violencia lo llevaron con rumbo desconocido para finalmente parar en el cuartel militar, donde lo interrogaron sobre las armas; luego lo entregaron y fue llevado a la Procuraduría General de la República (PGR), donde se encontró con Martín Gabino, un vecino que también había sido secuestrado por los militares y a quien le advirtieron que lo mismo le sucedería a quien no desalojara las tierras. Después fue llevado a un basurero en las afueras, lo arrodillaron, le patearon una costilla, cortaron cartucho, le apuntaron a la cabeza y detonaron al aire. Ahí lo abandonaron.

El interés por las tierras se rastrea hasta el proyecto de una zona binacional llamada San Jerónimo – Santa Teresa, el cual involucra a Texas, Nuevo México y Chihuahua, y a una asociación entre inversionistas estadounidenses y grandes empresarios mexicanos, en la que participan banqueros como Eloy Vallina y multimillonarios como William Sanders, y con el que se tiene previsto un desarrollo potencial de la industria maquiladora aeroespacial, con una terminal ferroviaria de Union Pacific, un puerto aduanero y un aeropuerto. Forma parte del Corredor Económico del Norte.

El Ejército Mexicano había oficialmente arribado en el 2008 para combatir a los cárteles del narcotráfico en disputa de la plaza, pero era usado como una herramienta más, con la mano en la cintura, para acelerar el proceso de despojo de la tierra en Lomas del Poleo por Pedro Zaragoza. Desde temprano quedó claro que no combatían narcotraficantes, sino más bien estaban al servicio de los mismos.

También quedó claro que las masacres posteriores del pueblo fronterizo fueron perpetradas por el gobierno federal a través del Ejército, policías militarizadas y grupos paramilitares financiados por Estados Unidos y los grupos empresariales dominantes en la región.

Toda esta barbarie es producto del reacomodo mundial de mercados que enfrentan la peor crisis que hayan intentado sortear, ya que no sólo es una crisis clásica sino una crisis civilizatoria, a la que la salida de los grupos dominantes, como siempre, es sin duda la violencia militar, que no han vacilado en usar, como en la devastación de Ciudad Juárez de 2008 a 2012, la desaparición profundamente miserable y cínica de 43 normalistas y miles más, la cacería de maestros disidentes, el control de la prensa crítica, el despojo a pueblos indígenas y la entrega de recursos naturales y mano de obra a Estados Unidos, que nos lleva adonde sus intereses, y que tiene frente a sí un escenario de Guerra Mundial, para el cual se ha estado preparando mediante el control de México, quizá por eso creó el narcotráfico mexicano que hoy conocemos y lo encumbró en el poder.

La región del Valle de Juárez está situada al sureste del municipio de Juárez, al norte del municipio de Guadalupe y sobre el municipio de Praxedis G. Guerrero. Entre sus principales poblaciones están Zaragoza (conurbación de Ciudad Juárez), San Isidro D.B., Loma Blanca, San Agustín, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y El Porvenir.

Como su nombre lo indica, es una región que se convirtió en zona agrícola gracias a la irrigación de aguas del Río Bravo, el cual se halla a la orilla, junto a la frontera con Estados Unidos, convirtiéndose en productora de algodón, principalmente. Este territorio es considerado el único apto en la región para desarrollar la agricultura.

A partir del arribo del Ejército Mexicano a esta zona, en 2008 oficialmente, con el objetivo de combatir el narcotráfico en el lugar, comenzaron los altos índices de violencia asociados a una supuesta “guerra entre cárteles” de la droga que pretendían controlar la región; y a la vez, entre éstos y el Estado, quien pregonaba tener que combatirlos por medio de las armas y de la milicia llevando a cabo funciones civil-policíacas.
Con el correr de los años se ha visto cada vez más claro que la zona representa intereses económicos para empresas transnacionales que buscan explotar el gas seco y el petróleo que alberga el subsuelo del Valle.

El Valle de Juárez también toma relevancia al ser el escenario donde es evidente la persecución y el exterminio de los luchadores sociales. De Guadalupe D.B es la familia Reyes Salazar, de la cual varios de sus integrantes han destacado en la lucha por los derechos humanos. Josefina Reyes y su familia denunciaron clara y contundentemente, desde el primer momento, las prácticas de exterminio y despoblamiento del Valle que el Ejército Mexicano llevó a cabo junto con grupos paramilitares.

Basados en el discurso oficial de combate al narcotráfico, con una campaña constante de criminalización a la protesta social, ya sea por desvirtuarla o por alentar a la población a arropar a los militares en su lucha por la seguridad de la nación, el Ejército instauró un estado de excepción no declarado oficialmente.

Los cateos y retenes, una gran vigilancia y el control de los poblados del Valle, no fueron impedimento para que la violencia asociada al “crimen organizado” aumentara en crueldad e intensidad. De la familia Reyes Salazar fueron asesinados por militares-paramilitares seis miembros, el resto fue obligado a huir después de una serie de ataques más, como el incendio de sus viviendas y pertenencias.

También se observó en la región el fenómeno que acompaña todas las guerras: el desplazamiento forzado; éxodos extraurbanos e interurbanos. De la región del Valle fue obligada a salir más de la mitad de su población. Los medios de comunicación comerciales no informaron cabalmente lo que ocurría, pero en las redes sociales se intentaba romper el cerco de desinformación; en estos espacios circuló, por ejemplo, la alerta sobre un grupo paramilitar que en los últimos días de diciembre del 2011 asoló la población de El Mimbre, llevando a cabo asesinatos, desapariciones e incendiando casas, lo que obligó a sus habitantes a refugiarse en los montes.

Durante el 2012 fue anunciado el descubrimiento de grandes cantidades de gas seco y petróleo en el noreste de Chihuahua, así como el inicio de exploraciones para confirmar y establecer datos más precisos; se trata de una reserva geológica ubicada de lleno en la zona del Valle de Juárez, que se extiende hacia el este del municipio de Samalayuca y al sureste de Ciudad Juárez.

A estas alturas, es más claro que el gobierno Federal no desarrolló ninguna guerra contra el narcotráfico, como aseguró hacerlo, sino que instauró un estado de excepción en las regiones ocupadas militarmente para un despoblamiento sistemático, mediante el uso político del miedo, y así obtener el control económico y social de las mismas, necesario para la explotación y comercialización de los recursos energéticos del país por las grandes compañías petroleras, en su mayoría estadounidenses, incluido el gas shale.   De manera paralela se llevaron a cabo reformas constitucionales en materia energética y política apropiadas para dichos objetivos.

Detrás de los nuevos cárteles del narcotráfico en México están los intereses de un grupo de petroleros texanos que financian grupos narcoparamilitares (estrechamente vinculados a los Zetas) que les permiten adueñarse de territorios con recursos energéticos, mediante el despojo sistemático a los pueblos que de ellos y en ellos viven.

Muchos de estos grupos también se encargan de traficar con hidrocarburos obtenidos de pozos clandestinos o drenando tuberías de Pemex, vendiéndoselos a menor costo a las grandes petroleras texanas.

Muchos de los recursos ambicionados se encuentran en los estados del noroeste, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, éste último gobernado por un asesino vinculado cínicamente a los Zetas, que se ha ensañado con la prensa crítica y honesta y con los activistas sociales que lo denuncian, desapareciéndolos y asesinándolos. Sus últimas víctimas públicas, Nadia Vera y Rubén Espinosa, fueron torturadas y abatidas con un tiro en la cabeza, en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, en una operación que al parecer tomó meses y fue planeada en contubernio con las autoridades corruptas de la capital. Junto con ellos perecieron tres mujeres más, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Virginia Martín, las últimas, al igual que Nadia, torturadas sexualmente antes de ser ultimadas.

Para los gobiernos actuales, en manos de mafiosos y criminales, las consecuencias políticas de sus actos tienen otras implicaciones mucho menores ahora, que tiempo atrás. La lógica de la Guerra que intrínsecamente lleva la muerte, ha logrado normalizar ésta socialmente, y en medio de tanta sangre la derramada por los activistas pasa desapercibida o cuando mucho llega a unas cuantas movilizaciones.

Han desaparecido estudiantes subversivos frente a los ojos del mundo, han vapuleado manifestaciones, han despojado a pueblos enteros de sus tierras, han asesinado y desaparecido a luchadores sociales, han asesinado a periodistas… y lo seguirán haciendo, pues no tenemos cómo enfrentarlos, son ellos y están matándonos. ¿Qué haremos cuando toque nuestro turno?

La construcción de un cártel no comienza exactamente de cero. Hay una continuidad histórica entre lo que hoy es el Cártel de Juárez y las mafias policiales que proliferaron en los años ochenta y noventa en nuestro país, a raíz de la “velada” intervención militar y de inteligencia de Estados Unidos para combatir a las guerrillas urbanas de corte político comunista-socialista.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se sitúa un antecedente de la creación de los GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) cuando la CIA entrenó a un grupo de élite para combatir el narcotráfico en México. Los GAFES, hoy llamados Fuerzas Especiales, existen formalmente desde 1990 en nuestro país y se puede rastrear su presencia en lo que ha sido un proceso gradual de militarización por todo el territorio nacional. Oficialmente no se sabe quiénes ni cuántos miembros tiene este sector del Ejército Mexicano, ni cuánto se les paga.

Lo que está comprobado es que una parte, supuestamente disidente de este grupo militar, estableció nexos criminales con el Cártel del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas, formando un brazo armado narco-paramilitar de los más cruentos que se conocían en el país, llamado Los Zetas, a quienes se les reconoce como “aliados” del Cártel de Juárez.
Ahora recordemos a los generales Santiago Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, quienes estuvieron participando directamente en la represión a las guerrillas urbanas y rurales, vinculados con la Brigada Blanca, que mediante la tortura, el asesinato y las desapariciones políticas llevó a cabo dicha empresa. En el 2001 fueron acusados de proteger al Cártel de Juárez, siendo el excapitán Gustavo Tarín, quien acusó a los generales de transportar en aeronaves militares a presos políticos y drogas durante el periodo de la guerra sucia en México.   El propio y temido policía al mando de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, fue protegido por Estados Unidos en varios intentos por fincarle cargos criminales.

El fundador del Cártel de Juárez fue el expolicía Rafael Aguilar Guajardo, quien según el FBI, también formó parte de esta Brigada. Esta organización tiene como antecedentes a grupos paramilitares entrenados y tutelados por Estados Unidos para combatir la disidencia social, que luego nutrieron las filas de cárteles, que también originaron las mafias policiales desde los años ochenta, imbricándose la estructura del narcotráfico, con sectores principales del Ejército Mexicano, con los gobiernos mexicanos y además con poderosos y multimillonarios empresarios de la región.

Hay que notar que Estados Unidos es el país que consume el 40% de las drogas a nivel mundial, por lo que el tráfico de las mismas no podría ser de otra manera más que en grandes cantidades por la puerta grande y no por la ventana, como quieren hacernos creer. Es decir, el negocio de las drogas deja cantidades de dinero inimaginables e implica la participación en mercados internacionales que no podrían estar en manos de un capo vuelto leyenda, sino en manos de empresarios capitalistas, estos que desde hace décadas han virado sus capitales hacia el crimen a raíz de la crisis sistémica, llevando a su máxima expresión de violencia y deshumanización hasta hoy en día a los mercados de trata de personas, trasiego de drogas y tráfico de armas.

Detrás de los nuevos Estados Neoliberales, gobiernos dictatoriales, se puede hallar a las narco-burguesías; porque si bien no han cambiado las relaciones sociales de dominación–dominados, sí que han cambiado las burguesías. No hay que perder esto de vista, se han envilecido y están dando una respuesta histórica a todas las luchas obreras y populares del siglo pasado. Han dado un paso adelante en la dominación violenta y fincado sus bases en la militarización a través de grupos mercenarios y paramilitares.

Bien acertamos cuando decimos que en la desaparición de los 43 compañeros normalistas y el asesinato de tres más aquella noche fatídica del 26 de hace diez meses, estuvieron implicados el Ejército y la policía, cuando decimos que fue el Estado, pero también habrá que señalar y asumir que fue la narco-burguesía, que tiene un programa político para abatir las disidencias de todos los sectores que piensa explotar y está privatizando.

En este país la mentira es plato de todos los días; mentiras irrisorias y cínicas, absurdas, majaderas y sin embargo increíblemente peligrosas. El gobierno no combate el crimen organizado, porque ellos son el crimen organizado. No hay guerra contra las drogas, ni la hubo jamás, porque la venta ilegal de drogas es de los principales bastiones de la economía mundial. Sin embargo hay miles y miles de personas asesinadas y desaparecidas, como nunca antes, y dicen que “en algo andaban”. Existe un profundo dolor derramado en todas las familias de este aciago país, un agravio que no podrá resarcirse con nada más que con justicia social. No hay otra manera de parar la guerra que nos han declarado a los pueblos, más que con una revolución.

Ante las nuevas formas de dominación, sigue urgiendo un debate serio sobre nuevas estrategias de liberación. Hay que dejar de temerles, eso sí, a mercenarios, a sicarios, granaderos, narco-policías, narco-ejército, narco-políticos y narco-empresarios. Quizá no hay que dejar de temerles individualmente, sino construir un derrotero contra el miedo.

Hay que defenderse.     El problema, es que todavía hay muchísima gente que no se siente aludida, que no alcanza a ver que los cambios que estamos presenciando serán en detrimento de los pocos grados de libertad con los que cuenta hoy por hoy si no se defiende ahora.

• Jazyhel Luévano

Hoy día es miserablemente posible asesinar a una persona de un solo tiro. Si quiere pasar desapercibido, si desea encubrirlo por algún tiempo, si las circunstancias ameritan discreción, es mejor hacerlo de esta manera. Si los objetivos son los contrarios, entonces fuera normas y reglas sociales para asesinar. Y es que he de decirlo y a nadie ha de sorprenderle, en Ciudad Juárez, como en ningún otro lugar, no se puede hablar de su historia sin hablar de las distintas violencias sociales asociadas. La historia de esta ciudad no puede contarse sin contar con el desierto, la frontera y el narco-capitalismo. Las sociedades de dominación construyen también sus estructuras para matar.

En los últimos meses del año 2007 comenzaron a perpetrarse asesinatos a sangre fría de personas que eran sorprendidas desarmadas, en plena vía pública, sobre sus autos, en semáforos, calles, avenidas, en lugares públicos y concurridos, a quemarropa, ya sea frente a escuelas primarias, antros, puestos de comida, esquinas y banquetas, sin mayores miramientos, con cortinas de fuego de cientos de disparos de armas de alto poder. Quizá usted sepa lo que es escuchar un disparo o una ráfaga de este tipo, tal vez lo sabe de una manera muy cercana o un tanto obcecada. Para la ciudad de esos años, la conmoción nos era una mezcla enorme de miedo, asombro, confusión, tristeza y el inicio abismal, familia por familia, de la desolación.

Los medios de comunicación locales daban cuenta del horror desatado que colmaría los siguientes seis años, por lo menos. La noticia de este tipo, ocupaba la mayor parte del tiempo de los noticiarios, con tratamiento de hecho extraordinario; las imágenes, desde siempre, recuerdo que eran crudas, directas: cadáveres ensangrentados, con los brazos lacios, la cabezas pesadas al vuelo, el cabello anegado en magma y muchas veces masa encefálica; casi siempre la boca y los ojos abiertos, bien abiertos, como mostrando estrujantemente el último rictus de comprensión, angustia y tristeza de los postreros instantes por los que pasaron cuando aún eran personas.

Los diarios también hicieron lo propio, según sus propias diferencias. El principal de la ciudad se sumó a esta manera de dar noticias, pero para no llenar sus páginas con lo que los medios de comunicación consideraban políticamente incorrecto, creó un diario amarillista donde lo característico son los cuerpos destrozados a balazos y las mujeres desnudas cohabitando sus hojas.

Los medios decían lo que la presidencia decía al respecto; es decir, reproducían el discurso oficial que quería explicar este nuevo fenómeno de violencia en la frontera diciendo que estos asesinatos se debían a una lucha encarnizada entre cárteles de la droga en “pugna por la plaza”; que había que entender que eran grupos muy poderosos, que hasta de cierta manera se sobreentendía, tenían la capacidad de enfrentarse directamente a las fuerzas del Estado, claro, “no sin llegar a buen puerto”. Al final de cuentas, su “pelea” por la plaza evidentemente ponía en riesgo al millón de juarenses que estaban instalándose en una nueva y profunda crisis de “seguridad”, lo cual hacía inexorablemente necesario “poner orden”, enviando al Ejército mexicano, pues cuando los ataques armados llegaron hasta las filas de la policía municipal “evidenciaron” sus colusión con el “crimen organizado” sin dejarle lugar al crédito social del que gozaban las Fuerzas Armadas de la nación.

A la par, los medios de comunicación abonaron fuertemente la indiferencia ante esta violencia, reforzando el prejuicio de que las personas asesinadas “en algo andaban”; de hecho fueron los medios quienes acuñaron el término “ejecuciones” y alentaron la presencia militar en la ciudad junto con narco-políticos y narco-empresarios.

En marzo del 2008 el Ejército mexicano ocupó Ciudad Juárez, por lo menos visiblemente. Arribaron dos mil quinientos efectivos militares, con vehículos artillados, para patrullar la ciudad y el Valle de Juárez, y so pretexto de un “operativo” para restablecer la “paz”, de una “guerra contra el narcotráfico” y de “velar por la seguridad”, catearon miles de viviendas, detuvieron a miles de personas atropellando sus derechos humanos, instalaron retenes permanentes y fugaces, tomaron el control de carreteras y caminos, y poco a poco, pero rápidamente, tomaron el control de las policías locales, de tránsito, de aduanas y garitas, de comercio. También estaban presentes en el operativo las demás fuerzas policiacas: estatales y federales.

Al contrario de todos los resultados anunciados, la violencia no paró, se recrudeció, aumentó sus fauces en cantidad y cualidad. De contar una o dos “ejecuciones” al día, se pasó a quince o veinte diarias. Había personas asesinadas de las más variadas formas; del asesinato en la vía pública se vivió el asesinato a quemarropa en viviendas, fusilamientos, desapariciones y tortura, cuerpos diseminados en partes por toda la geografía de la ciudad: la cabeza en una hielera a lado de un minisúper al sur de la ciudad, piernas y dedos en una bolsa negra a lado del camino de terracería al suroriente, brazos y tórax en alguna calle del centro… asesinatos tumultuarios en centros de rehabilitación, masacres que tenían lugar en fiestas juveniles ya fuera en viviendas o antros, cuerpos descabezados colgantes en puentes, miles con tiros de gracia y restos deformes de brutales golpizas. Lentamente comenzaron fenómenos de violencia no vistos antes en la ciudad, como el secuestro y la extorsión.

Hasta que tuvo lugar el cambio de mando en el patrullaje de la ciudad, el Ejército delegó a cinco mil efectivos de la Policía Federal, quienes se afianzaron y tomaron la fuerza destructiva que los caracterizó.

Ahora la Federal tenía instalados por toda la ciudad retenes y operaciones de sobrevigilancia en los que se dieron más violaciones a los derechos humanos, robo de pertenencias, acoso sexual, chantaje, detenciones arbitrarias, golpizas. La extorsión llevó a la quiebra a miles de pequeños negocios y comercios familiares, obligándolos a cerrar o a sepultar a sus miembros, ya que para la gran mayoría las cuotas eran impagables.

Junto a esta presencia militar-policiaca, de nuevo rostro y cuerpo, de giro neoliberal, instituciones machistas y asesinas, también crecieron las desapariciones de mujeres vinculadas a la explotación sexual e incrementaron los feminicidios. ¿Cómo fue posible que toda esta violencia sucediera frente a la sobrevigilancia? ¿Cómo grupos fuertemente armados podían transitar y atravesar la ciudad, de manera impune, sin ser molestados, para perpetrar masacres como la de Villas de Salvárcar, en 2010? Esta manera de hacer tanta violencia deja claro que detrás de todo estaban y están grupos perfectamente organizados para matar, que contaban y cuentan con venia política y aliento económico; y un propósito no enunciado directamente sino más bien encubierto. Hoy esto está por todos los lugares del país.

Al llegar a la Ciudad de México, lo que me recibe en el terreno político –entre otras cosas, afortunadamente–, es una lucha electoral enloquecida en las delegaciones y un acalorado debate acerca de la lucha política por esta vía y las condenas morales a la abstención, lo que de alguna manera me pareció bastante grotesco. ¿Usted cree que en un país donde no se respeta la vida se respetará el voto? Y es que la Ciudad de México aún no se da cuenta, no entiende ni asume que estamos en Guerra, que el Estado mexicano ha comenzado con ella en contra de los pueblos y por ende está asesinándolos, asesinándonos.

Con el pretexto del combate al narcotráfico, ha atacado sistemáticamente a campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes, mujeres… y a la par impulsa megaproyectos económicos y ecocidas, legales e ilegales, como la minería a cielo abierto, la tala clandestina de bosques, la construcción de infraestructura para el turismo capitalista, el trasiego de armas, drogas y trata de personas.

En los últimos años los gobiernos mexicanos han invertido cantidades no vistas antes en tecnología militar, entrenamiento y armamento, en restructuración de sistemas carcelarios; algunos sectores de la ciudad ya lo viven. Las represiones se han endurecido como no se habían sentido en años, se han militarizado, hay cientos de presos políticos, pero la ciudad en sí no se ha detenido a pensar la Guerra. ¿De dónde viene, qué motiva esta nueva guerra? ¿Por qué? ¿Cómo detenerla?