Desde mediados de 2018, la relación entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto ya había naufragado. Dormían en habitaciones separadas. Se mostraban sólo en eventos protocolarios. Ambos tenían otras relaciones y los rumores sobre el divorcio se incrementaron desde la derrota del PRI en las elecciones presidenciales del 1 de julio.
“El contrato ya se acabó”, dijeron los más cercanos, en alusión al reality que ambos protagonizaron desde 2008, pero también al referirse a la alianza de negocios y dinero que tuvo la empresa Televisa con el gobierno de Peña Nieto, desde que éste fue gobernador del Estado de México.
Y es que Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto sólo siguieron primero un guión del “romance de telenovela” para llegar a la presidencia de la República, tal como recomendaron los publicistas. No importó que en el camino atropellaran los derechos canónicos del sacerdote José Luis Salinas Aranda, forzaran una anulación matrimonial de Angélica Rivera ante El Vaticano y que Enrique Peña Nieto fuera exhibido públicamente al desconocer la paternidad de un hijo con una ex compañera de trabajo, Maritza Díaz.
Con Maritza Díaz sí hubo un romance auténtico que no estuvo patrocinado por Televisa, pero fue la propia Angélica Rivera quien amenazó vía telefónica a la madre de Diego y luego hizo todo lo posible por desconocer la paternidad de Peña Nieto ante un joven adolescente que ya tiene más de 14 años. Como villana de telenovela, La Gaviota hizo valer su “contrato” con el ahora expresidente. Y tenía entonces el apoyo de Televisa. Eran millones de pesos en juego y una ambición de poder inconmensurable.
La relación naufragó junto con el sexenio. Primero fue el escándalo de la Casa Blanca, que siendo de Peña Nieto se le adjudicó a su esposa. Después fueron los excesos de frivolidad, los viajes, los negocios paralelos de logística y “eventos sociales” como una gran mascarada relatada en revistas de sociales como Hola!, Quien, Caras y los programas televisivos del corazón. Para el sismo de septiembre de 2017 ambos posaban hasta para simular que ayudaban a los damnificados. En 2018 ya no era necesario más que esperar el final del gobierno peñista.
Confirma el divorcio

Lo que todos comentaban en los pasillos del chismerío político, Rivera lo confirmó el pasado 8 de febrero en su cuenta de la red social Instagram. En un mensaje con tonos melodramáticos dijo:
“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”.
“A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional”.
“Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos. Atentamente. Angélica Rivera”.
Ni una sola mención a los escándalos que ambos protagonizaron, destacadamente, el de la Casa Blanca. Atrapada en el melodrama, Angélica Rivera aún pretende hacer creer que hay una “situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos”, sin especificar de qué se trata.
En días pasados, la revista Clase publicó una serie de fotografías en las que Peña Nieto aparecía en Madrid acompañado por una joven modelo mexicana.
En su última edición, la revista Hola! publicó una foto en portada con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera y la cabeza: “se separaron en diciembre”. “Aunque mantienen una relación cordial, el expresidente vive en México y la ex primera dama en Estados Unidos con sus hijos”.
Desde mediados de este año, la relación entre ambos naufragaba ya entre la derrota político electoral del 1 de julio y los rumores de divorcio. El 2 de agosto, Enrique Peña Nieto redactó en sus cuentas de Facebook e Instagram este enigmático mensaje de felicitaciones a su esposa, mientras él vacacionaba en Punta Mita, Nayarit:
“Muchas felicidades en su cumpleaños, a quien me ha regalado ya 10 años de estar juntos y de compartir muchas vivencias que dejan huella. Angélica, te deseo todo lo mejor en la vida, salud y muchas alegrías. Gracias por tu entrega y dedicación a nuestra familia. ¡Que Dios te bendiga!”.
Más que cercanía, el texto sugería una despedida. Para nadie en el entorno íntimo de Peña Nieto y Rivera era ya un secreto la distancia física, política y emocional entre la pareja.
Durante todo el sexenio, la relación entre ambos fue todo lo contrario a una telenovela rosa: desencuentros políticos, diferencias entre los hijos, el escándalo de la Casa Blanca, el despido del vocero David López, quien nunca tuvo una buena relación con la primera dama, otro escándalo por el departamento de Miami de La Gaviota, tensión protocolaria, viajes dispendiosos al extranjero, agresiones del Estado Mayor Presidencial a mexicanos que captaron en París a la entonces primera dama.
Sus últimas apariciones fueron acartonadas, casi obligatorias, como la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre pasado, cuando ambos aparecieron por última vez en el balcón del Palacio Nacional acompañados de sus hijos.

El 27 de noviembre pasado, en su brindis de despedida con el gabinete, los encargados del protocolo de Peña Nieto modificaron la invitación original: ya no acudieron los cónyuges. Angélica Rivera estuvo ausente.
Divorcio con Televisa
La empresa de Emilio Azcárraga Jean la ha borrado de las pantallas y no ha vuelto a mencionar nada de quien fuera su estrella de telenovelas en los años noventa. Sólo el canal de televisión de paga de Televisa, dedicado a reproducir viejos melodramas, anunció el reestreno de Destilando Amor.
El programa Ventaneando de TV Azteca comentó en días pasados que Angélica Rivera ha recibido propuestas para volver a la actuación, pero “regresará cuando algo le guste”, quizá en 2021.
En su canal de Yotube, el conductor de espectáculos Pedro Sola citó una anécdota de Angélica Rivera cuando se “escapó” del Estado Mayor Presidencial y quiso ir a “comer unos tacos en Las Lomas” de Chapultepec. “¿Cuál sería su sorpresa que al llegar a la taquería, el del trompo de los tacos al pastor, o el de la cocina eran elementos del hoy desaparecido Estado Mayor Presidencial”, comentó Sola para ejemplificar la “prisión de oro” en la que vivió al actriz.
Paradojas del melodrama: Verónica Castro sí retornará a las pantallas de Televisa, como jueza de un concurso de talentos infantiles, después de una década sin aparecer en los viejos estudios de sus éxitos, el Canal 2.
Verónica Castro dejó de aparecer en la pantalla de Televisa cuando se atrevió a cuestionar en la revista Hola! la apresurada anulación matrimonial entre Angélica Rivera y su hermano el productor José Alberto El Güero Castro. Años después, en febrero de 2016, Proceso y Aristegui Noticiasdocumentaron la trama eclesiástica y política que le permitió a la actriz de Televisa simular una boda en la catedral de Toluca.

La falsa boda
En esta trama, el excardenal Norberto Rivera decidió castigar al sacerdote José Luis Salinas por haber “simulado” un enlace matrimonial entre Angélica Rivera y El Güero Castro en una playa de Acapulco, pero ignoró la validez de una boda auténtica realizada en la Ciudad de México, el 2 de diciembre de 2004, en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima en la Colonia Roma.
El sacerdote de la orden teatina Ramón García López, quien ofició la ceremonia del sacramento del matrimonio católico entre Rivera y Castro, confirmó a Proceso que la boda de aquel 2 de diciembre de 2004 fue auténtica y, por tanto, nunca se anuló, según los distintos especialistas en Derecho Canónico consultados.
El simulacro llegó a tal grado que aquella “boda del año” entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, celebrada en la catedral de Toluca el 27 de noviembre de 2010, en realidad sólo fue “una bendición”, según confió a sus colaboradores cercanos el obispo de Atlacomulco, Juan Odilón Martínez, quien concelebró esta misa que se hizo pasar por matrimonio.

Operación Mea Culpa

Desde antes de dejar la presidencia de la República, Peña Nieto y Angélica Rivera protagonizaron los últimos momentos de “arrepentimiento” y gratitud, en medio de la documentada lejanía entre ambos.
En vísperas de su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto modificó durante una entrevista con Televisa su versión original del escándalo de la Casa Blanca. El 21 de agosto pidió “perdón” a las teleaudiencias por “no haber explicado con suficiencia” este caso que provocó la salida de Carmen Aristegui y de su equipo de MVS
Entrevistado por Denise Maerker, Peña Nieto confesó que se arrepentía de “haber involucrado” a Angélica Rivera “porque creo que a ella le dejó también un mal sabor”. La Casa Blanca fue “un tema” que ha sido “difícil superar en todo este tiempo. Sigo pensando que no hubo conflicto de interés”.
En su duelo de halagos y disculpas públicas, Angélica Rivera afirmó el 21 de agosto, durante un evento para galardonar a los creadores mexicanos por su aportación artística en la cinematografía nacional:
“Siempre tuve el deseo que se reconociera el trabajo de los actores y de los creadores de la cinematografía. Con este premio se está dejando un legado muy importante a las grandes trayectorias”
Dirigiéndose a Peña Nieto, Rivera le agradeció, en medio de sonrisas congeladas de los asistentes “por toda tu ayuda y por tu gran sensibilidad para apoyar el arte y el talento que ha dado México y que nos ha hecho sentir tan orgullosos… que hasta te casaste con una actriz”.
“Te agradezco que hoy nuestros actores de México tengan Seguro Popular”, remató Rivera, quien no ocultó su distanciamiento ante el primer mandatario, sobre todo, a raíz del escándalo de La Casa Blanca que le costó a ella toda su popularidad.
Antes de esta aparición pública ocurrió un hecho bochornoso en la avenida Montaigne, una de las zonas más exclusivas de París, a dos cuadras de la avenida Campos Elíseos. El periodista y productor Paco Cobos grabó el 6 de agosto imágenes de Angélica Rivera comiendo con sus hijas en una terraza parisina, pero fue hostigado por los guaruras de la ex primera dama, quienes lo obligaron a borrar las imágenes. Así lo relató Cobos en su cuenta de Youtube.

Al conocerse las imágenes de su estancia en París, las reacciones de muchos usuarios de las redes sociales volvieron a demostrar que la caída del sexenio de Peña Nieto estuvo acompañada con una acelerada caída del afecto y de la popularidad de La Gaviota.

“No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo, pero tampoco es un mito”, con estas palabras, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, remató la última parte de su participación en el juicio que se lleva a cabo en una corte federal de Brooklyn en contra de Joaquín Guzmán Loera, cabeza del cártel de Sinaloa.

Frente a él, El Chapo Guzmán Loera escuchó impasible el alegato del hijo de su socio Ismael El Mayo Zambada, vestido de traje gris oscuro y camisa y corbata en tonos azules, según la descripción de la agencia informativa española EFE.

“¿Sabe si el acusado es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del cártel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada?”, le preguntó la fiscal Amanda Liskamm a El Vicentillo, en la última de la extensa comparecencia de uno de los juniors más poderosos del narcotráfico en México.

“Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como mi papá”, respondió Zambada Niebla, echando abajo la argumentación de los abogados del Chapo, quienes han insistido que Guzmán Loera es un chivo expiatorio, una suerte de “mito” o “leyenda” construida desde el poder corrupto y corruptor en México.

El abogado Eduardo Balarezo, defensor de Guzmán Loera, en un interrogatorio más pausado, quiso insistir en las conversaciones telefónicas que Zambada Niebla sostuvo con su padre El Mayo Zambada, desde la prisión federal.

De acuerdo con el testigo, esta comunicación se realizó a instancias de la DEA que también grabó estas conversaciones en las que su hijo le pidió al padre que se entregara.

Balarezo insistió en que el verdadero poder del cártel de Sinaloa está en El Mayo Zambada y  no en Guzmán Loera. Mostró una serie de fotos y nombres para que El Vicentillo los identificara. Todos fueron antiguos enemigos o integrantes del cártel, algunos ejecutados, otros en prisión.

La fiscal Liskamm le preguntó al testigo por sus hermanos Ismael y Serafín, así como por su tío, Jesús Rey Zambada, quienes se encuentran detenidos en México o en Estados Unidos. El Vicentillo los identificó.

El Rey Zambada y los secretos

En noviembre del año pasado, el tío del Vicentillo, Jesús Zambada García, El Rey, testificó sobre el papel de trasiego de drogas que generó ganancias por más de 14 mil millones de dólares para el cártel que comandaban El Chapo y El Mayo.

El Rey dio detalles de cómo usaron el aeropuerto internacional de Cancún para trasladar cargamentos de cocaína hacia la Ciudad de México, con el apoyo de “comandantes” de la PGR y de la Policía Federal.

Zambada relató que pagaba a las autoridades “cientos de miles de dólares” mensuales en sobornos y ofreció declarar sobre la ocasión en que El Mayo le pidió “sobornar al presidente en funciones”, pero esto generó el máximo sigilo entre el juez Cogan, responsable del juicio, la fiscalía y los defensores de Guzmán Loera.

La declaración sobre el presidente mexicano nunca llegó a escucharse en la sala oficialmente, a pesar del ofrecimiento del Rey Zambada, detenido en 2008.

El juez Cogan dio una escueta explicación para proteger “a personas y entidades” que no estaban involucradas directamente en el caso de la “vergüenza” y del escrutinio público.

Este sigilo y las extremas medidas de seguridad para acceder a los testimonios del juicio, han sido criticados por reporteros norteamericanos, como Alan Feuer, de The New York Times, quien ha señalado la existencia de tres archivos misteriosos clasificados como confidenciales.

El juez Cogan también ha ordenado limitar el trabajo de los artistas y dibujantes  porque el nivel de peligrosidad de El Chapo y del cártel de Sinaloa, no ha sido neutralizado por completo, a pesar de estar detenido en una prisión de máxima seguridad.

No sólo a altos mandos militares, policiacos y políticos mexicanos se les ha mencionado durante el juicio. También han sido señalados funcionarios del gobierno de Colombia y de Honduras, así como un ex candidato presidencial de Guatemala, vinculado al Chapo Guzmán.

  D  e acuerdo con una encuesta realizada por el periódico Reforma, el 73 por ciento de los encuestados apoya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su estrategia para combatir el robo de combustible.

La encuesta se realizó a 400 adultos en siete de las entidades afectadas por el desabasto de combustible. De estos, el 42 por ciento responsabilizó al expresidente Enrique Peña Nieto de la contingencia que están viviendo.

Asimismo, el 31 por ciento de las y los mexicanos afirma que el problema de desabasto de gasolina es por causa de los huachicoleros. En contraste, solo un 13 por ciento señaló que el desabasto es causado por López Obrador.

Por otra parte, el 79 por ciento de los ciudadanos está a favor de que el Gobierno Federal se encargue de la situación y busque a los responsables de los robos de combustible.

En este sentido, el 62 por ciento avala el cierre de ductos como estrategia contra el huachicoleo. No obstante, el 50 por ciento cree que la estrategia de AMLO podrá combatir la corrupción en Pemex, mientras que el 41 por ciento no lo asegura.

La mayoría de los ciudadanos encuestados prefieren quedarse sin gasolina por un rato o sufrir las consecuencias de la escasez, con tal de combatir la corrupción, mientras que el 18 por ciento afirmó que prefiere que todo vuelva a la normalidad, aunque siga existiendo el robo a hidrocarburos.

  L  o que inició como una tímida queja por la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales, aprobada por la mayoría de los legisladores de Morena-PT-PES en el Congreso, se ha convertido en una de las confrontaciones públicas más importantes e intensas entre integrantes del Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de este 11 de diciembre, López Obrador volvió a tocar el tema de los altos salarios de los ministros de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, señalando que “sólo Donald Trump gana más que ellos”.

“Seiscientos mil pesos mensuales los ministros, tengo la información. Son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo”, afirmó López Obrador.

El Ejecutivo Federal también admitió que esta polémica es “algo fantástico, extraordinario. Estamos en el terreno de lo inédito” porque antes no se ventilaban estas diferencias de manera pública.

La confrontación escaló desde que el 10 de diciembre los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, interpusieron un recurso de reconsideración a la orden de suspensión que decretó el ministro Alberto Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre, ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el 33 por ciento de los senadores (del PRI, PAN, PRD y MC) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.

En paralelo, jueces y magistrados se expresaron públicamente en 25 entidades en una protesta inédita por la disminución de los salarios y por lo que ellos interpretan como un “atentado a la autonomía” y por la “intromisión indebida” de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo frente al Poder Judicial.

El magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, salió a declarar que “estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de la justicia y permitirán ahorros a los ciudadanos”.

“Sin embargo, esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, sentenció Vega Ramírez, en una protesta pública encabezada en San Lázaro, el lunes 10 de diciembre.

A la polémica se ha sumado también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y el consejero electoral Benito Nacif, quienes también cuestionaron el intento de entrometerse en otros poderes y organismos autónomos, bajo lo que ellos consideran un pretexto: los altos salarios. González Pérez, incluso, advirtió que esta polémica y otros temas vulneran “los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico”.

El tema de los altos salarios y los excesos en el Poder Judicial siempre quedaron en reportajes, críticas y cuestionamientos aislados, pero nunca se había generado una polémica tan abierta y clara, donde la misma Suprema Corte de Justicia se ha visto obligada a ventilar los sueldos anuales, las primas vacacionales, los aguinaldos, los estímulos de antigüedad y otras prestaciones que no tienen ningún otro servidor público.

Si la percepción pública del Poder Judicial en sus distintos niveles y tribunales fuera favorable entre la sociedad mexicana, habría una movilización de la opinión pública a favor de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, lo que se observa en estos momentos es una profunda indignación de los ciudadanos por los altos salarios que no corresponden con la eficiencia de los impartidores de justicia.

Se vuelven a ventilar excesos que hablan de corrupción al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, ha revivido el tema del nepotismo. En julio de 2017 un informe interno entregado al Consejo de la Judicatura Federal y difundido por el portal Animal Político reveló que existen 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empelo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio reveló que 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial comparten espacio laboral con sus parientes y que “muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciar el proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”.

Lo más sorprendente es que los propios integrantes del Poder Judicial han sido objeto de coyotes o de abogados que pretenden ganar fuertes honorarios por presentar la serie de amparos, alentados por las versiones de que perderán sus empleos o les bajarán sus salarios hasta los niveles medios, y no sólo los máximos, como plantea la Ley Federal de Remuneraciones Salariales.

La polémica se ha generado en medio del proceso de sucesión al interior de la Suprema Corte de Justicia. De los 4 aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar como presidente de la Suprema Corte, sólo el ministro Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea ha expresado abiertamente su posición favorable a la austeridad. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hoy hizo un llamado a “no caer en provocaciones” al tomar protesta de 30 magistrados de circuito y un juez de distrito. El ministro Alberto Pérez Dayán fue el que dictó la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones Salariales. Y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha mantenido un perfil muy bajo y en silencio, quizá pensando que es mejor la cautela frente a los vientos huracanados de la cuarta transformación en el Poder Judicial.

  D  ía intenso este cabalístico martes 13 de noviembre. Apenas fue el primer día del juicio de Joaquín Guzmán Loera, mundialmente conocido como El Chapo, y las declaraciones del capo de la droga devenido en serie de Netflix generaron una airada reacción del vocero presidencial de Enrique Peña Nieto y del propio ex mandatario Felipe Calderón, señalados como beneficiarios de los multimillonarios fondos del Cartel de Sinaloa para sus campañas electorales de 2006 y 2012.

Según los abogados de Guzmán Loera, el verdadero “jefe de jefes” de El Cartel de Sinaloa no es el personaje extraditado en enero de 2016 a Estados Unidos, sino Ismael “El Mayo” Zambada, considerado por los narcólogos como una especie de conssiglieri de la narco mafia más poderosa de México y América Latina durante los últimos treinta años.

De acuerdo con Jeffrey Lichtman, abogado de El Chapo, Zambada nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo  porque “ha pagado al actual y al anterior gobierno de México… millones de dólares en sobornos”. Señaló que Guzmán Loera fue víctima de una trampa que le tendió una vasta conspiración transfronteriza que incluyó al actual gobierno, a la DEA y al propio Zambada.

Curiosamente, el mismo argumento esgrimido por los abogados de El Chapo para minimizar el peso de Guzmán Loera en la estructura del cártel sirve para explicar las dos fugas legendarias del capo: la del 2001, al inicio del gobierno de Vicente Fox y la del 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estas dos huidas sólo podrían explicarse por la amplia red de sobornos y de corrupción de Guzmán Loera con los tres últimos gobiernos.

El proceso que inició en una corte de Nueva York obviamente se ha convertido en el “narcojuicio del siglo” y generó inmediatas reacciones en los medios, en las redes y en la política. El hashtag #Chapo se convirtió de inmediato en la tarde de este 13 de noviembre en el trending topic más mencionado en Twitter, con más de 80 mil retuits en dos horas. En Facebook proliferaron las versiones, especulaciones y textos que documentan la larga relación de complicidad entre las autoridades y Guzmán Loera. Los principales medios de comunicación norteamericanos y mexicanos, las agencias informativas del mundo y hasta Netflix, la plataforma de televisión on line que sugirió lo mismo en su serie de ficción, no se han quedado al margen de este inicio espectacular del juicio.

El primero en reaccionar fue el ex presidente panista Felipe Calderón quien escribió en su cuenta de Twitter:

“Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”.

A su vez, el vocero peñista Eduardo Sánchez resaltó:

“El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”.

Por supuesto que la estrategia de la defensa de Guzmán Loera es minimizar su papel en la estructura criminal del Cartel de Sinaloa y abrir una auténtica caja de Pandora que involucra no sólo a los tres últimos ex presidentes de la República sino a sus principales responsables de combatir el crimen organizado, destacadamente al ex super policía Genaro García Luna.

En un sondeo levantado en Twitter, ante la pregunta “¿Ustedes creen que son ciertas las declaraciones de El Chapo Guzmán de que apoyó las campañas de Peña Nieto y Felipe Calderón?”, en menos de media hora se emitieron 2 mil 700 votos. El 88 por ciento dijo que “sí”, el 6 por ciento opinó que “no” y 6 por ciento que “es dudoso”.

La falta de credibilidad de los últimos gobiernos juega a favor de uno de los capos más sanguinarios y hábiles de los últimos años y de su estrategia de defensa. De este nuevo narco show lo único cierto es que saldrán ganando los propios norteamericanos en su estrategia de presión a México.

  E  l ex presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció vía redes sociales su renuncia al Partido Acción Nacional, acusando a un “consorcio” de controlar el organismo y de haber destruido la democracia interna de manera “irreversible”, al grado de que las candidaturas relevantes han sido “impuestas por designación a la membresía”.

La renuncia de Calderón Hinojosa se produjo poco después de los comicios para elegir al nuevo dirigente nacional. Su candidato, Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del PAN, perdió en las elecciones internas ante Marko Cortés, el joven dirigente que pertenece al grupo del ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

“La camarilla que controla el partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN, y no le interesa sostenerlos, actualizarlos o fortalecerlos”, reprochó Calderón Hinojosa, él mismo ex dirigente nacional de Acción Nacional a finales de los noventa.

En plan de broma, varios tuiteros señalaron que su próximo partido podría llamarse Partido Oficial Mexicano de Oposición (POMO), en clara referencia al gusto por la bebida del ex presidente panista.

  L  a senadora y ex ministra Olga Sánchez Cordero presentó la iniciativa de la Ley General que Regula y Controla el Uso de la Cannabis, un ordenamiento nuevo de más de 70 artículos, que despenaliza el consumo y la portación de hasta 30 gramos de mariguana y crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis, órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Salud que “regulará y controlará toda la cadena productiva” de esta planta.

La nueva ley plantea también la misma regulación para el consumo de tabaco en lugares públicos y no en lugares cerrados. Prohíbe conducir bajo el efecto de la droga, así como vender o promover el consumo entre menores de edad, y la producción de la mariguana fuera de la normativa, el control y la regulación del Estado.

En conferencia de prensa, la futura secretaria de Gobernación también especificó que esta nueva ley plantea la liberación “de muchísimos jóvenes que están presos por posesión de mariguana y que están privados de su libertad”.

El artículo 10 de la iniciativa plantea la prohibición para “el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis para uso adulto a menores de edad; así como emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de la cannabis”.

En el artículo 12 queda permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para consumo personal en propiedad privada “siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el Instituto” en un padrón que será mantenido en privado.

Al presentar su iniciativa, Sánchez Cordero subrayó que se trata de “un paso enorme” y un “parteaguas” en la política mexicana de lucha contra las drogas y “queremos avanzar porque será una gran oportunidad para la pacificación del país”.

“Es un paso, también, que se da para que no tengamos tantos homicidios dolosos, para combatir el crimen organizado y desde luego, tenemos un problema muy serio de violencia, de desapariciones”, abundó.

“No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes; no queremos más víctimas colaterales, no queremos familias enlutadas, no queremos más sangre que ensucie nuestra patria cuando lo pudimos prever”, sentenció Sánchez Codero, en tribuna.

Se aprobará antes de diciembre: Monreal

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que tiene el apoyo de 4 de las 7 bancadas para que esta iniciativa sea discutida y aprobada antes de diciembre de este año.
“En el caso de esta iniciativa, se abre un espacio para discutir sobre las sanciones y sobre los Impuestos Económicos de Productos y Servicios (IEPS) que se discutirán para este nuevo modelo”, afirmó Monreal.
Indicó que están estudiando el modelo de otros países, como Canadá, donde los impuestos varían entre 8 y 15 por ciento.
Sánchez Cordero aclaró también que disminuyeron la propuesta original de despenalizar el consumo y posesión de 40 a 30 gramos porque se tomó como base la experiencia internacional, especialmente la de Canadá.

Aún faltará incorporar las observaciones de la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud, así como las reformas a la Ley General de Salud.

  E  n apoyo a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI +)  senadores de Morena, del Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, apoyaron en la Cámara Alta una iniciativa de ley ciudadana impulsada por la  organización México Yaaj para penalizar toda política que busque “corregir” la orientación de género y actos inhumanos o degradantes que violen derechos humanos de los mexicanos en su libre desarrollo de su personalidad.

La iniciativa, presentada hoy en el Senado, señala que históricamente las personas transexuales, homosexuales o con identidad de género “no normativa” han sido perseguidas y discriminadas, con argumentos que intentan “corregir su orientación sexual o identidad de género”.

La iniciativa propone modificar artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud para que quede estipulada la sanción “de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta y trescientos días de trabajo a favor de la comunidad al que por razones de origen o de pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas” mediante la realización de conductas como negarle un servicio, restrinja derechos laborales o servicios educativos.

También específica que “cuando las conductas discriminatorias sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad”.

Se agrega un artículo 149 Quáter que impone una sanción a la persona moral o física que “promueva, imparta, aplique, obligue o financie” cualquier tipo de “tratamiento, terapia, servicio o práctica, con o sin fines de lucro, con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Esta misma prohibición se agregará al artículo 465 Bis de la Ley General de Salud, incluyendo como sanción la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años, o de forma definitiva en caso de reincidencia.

La iniciativa fue firmada por la senadora de Morena, Minerva Citlalli Hernández, del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto, y del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.

  A  partir del 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsará la siembra de árboles frutables y maderables en 500 mil hectáreas de 4 regiones de Chiapas, 3 regiones de Tabasco, 3 de Veracruz y una de Yucatán y Campeche con el objetivo de buscar la restauración productiva y  social del campo en la región sur-sureste de México, según explicó la próxima secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores.

Denominado #SembrandoVida, este ambicioso proyecto fue definido por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como “el programa consentido” de su próxima administración, que permitirá crear 400 mil empleos directos y se le pagarán jornales mensuales de 5 mil pesos a cada propietario de tierras ejidales, comunales o pequeña propiedad.

El objetivo será que en dos años se puedan sembrar 1 millón de hectáreas en 19 entidades que formarán parte del programa #SembrandoVidas que busca atender las dos problemáticas más fuertes que existen en el campo mexicano: la pobreza rural y la degradación ambiental.

En su exposición, María Luisa Albores mencionó las acciones de restaurar, regenerar y reactivar el campo mexicano, a través de un modelo productivo comunitario. Cada propietario de tierra ejidal trabajará 2.5 hectáreas, de las cuales 1 hectárea será para el autoconsumo con granos básicos, incluyendo maíz, y 1.5 hectáreas para árboles maderables  o agroforestales.

“Un campesino con una superficie de 2.5 hectáreas pudiera destinar 1.5 hectáreas para el área agroforestal maderable y 1 hectárea para el cultivo de granos básicos a través del sistema  denominado Milpa Intercalada con Arboles Frutales (MIAF), para así generar beneficios a corto, mediano y largo plazo”, explicó.

En presencia de los gobernadores de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y un representante de el de Quintana Roo, López Obrador afirmó que #SembrandoVida tiene como objetivo “atender a la región más abandonada del país, que es la del sur-sureste” y que, al mismo tiempo “es la región con más fortaleza cultural de México y del mundo”, con el 70 por ciento del agua de todo el país.

Explicó que la inversión para este proyecto representará entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, generará 400 mil empleos e incluirá a 1 técnico social, 1 técnico productivo y 3 becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que trabajarán junto con los campesinos.

En la presentación del programa, realizado en un hotel de la Colonia Roma, participaron los especialistas Armando Bartra y Víctor Manuel Toledo. Ambos destacaron que es un programa “plausible” por el enfoque y la orientación y porque está en el marco de una política para impedir el fracking, la siembra de transgénicos y aprovechará los 20 tipos de cultivos agroforestales que existen en el país.

  A  l solicitar licencia al Senado de la República para retornar como gobernador de Chiapas, el propio Manuel Velasco Coello “extinguió su cargo como senador y, por decisión propia, él decidió ser mandatario estatal y no puede volver a la cámara alta”, sentenció el jurista Javier Quijano Baz, quien analizó este polémico caso que marcó con un escándalo político el inicio de la nueva Legislatura.

El martes 4 de septiembre, cuatro horas después que la mayoría de senadores rechazaron “en votación económica” —a mano alzada— la solicitud de licencia del ex gobernador de Chiapas que llegó como senador plurinominal del Partido Verde, la mayoría de legisladores del partido de Morena cambiaron el sentido de su voto y, en un hecho insólito, aprobaron junto con legisladores del PRI, MC, PRD y PT por 82 votos a favor, 31 en contra, la mayoría del PAN y 6 de Morena, y 4 abstenciones la petición del político que logró el apoyo de todos los coordinadores partidistas de la Junta de Coordinación Política.

La segunda votación de un mismo punto generó una oleada de críticas en redes sociales y entre especialistas en derecho parlamentario porque la solicitud de licencia de Manuel Velasco presume una abierta violación al artículo 125 constitucional que prohíbe que alguien desempeñe “a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación ni otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Para Javier Quijano, en el Senado de la República “se cometió una pifia monumental” al otorgarle licencia y pretender que después de terminado su periodo como gobernador, el próximo 8 de diciembre, Manuel Velasco retornará a su escaño en la Cámara alta.

“Es una clara incompatibilidad jurídica de los dos cargos. No se pueden ejercer dos cargos de elección popular. Y si Manuel Velasco eligió por regresar a ser gobernador, automáticamente renunció al otro, según el artículo 125 constitucional”, argumentó Quijano Baz.

-Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y el coordinador también del PRI, Miguel Angel Osorio Chong, y el propio Manuel Velasco, afirmaron que era un derecho de todo senador solicitar licencia.

¿Es correcto este enfoque?

-Es una falsedad lo del derecho a pedir licencia. En el caso de Manuel Velasco no se le conculcaron sus derechos. Él no tenía derecho a pedir esa licencia. Un legislador puede pedir licencia porque se va a operar quirúrgicamente, porque tiene que ir a un funeral, porque hará algún viaje, pero lo que no puede decir es ‘pido licencia como senador para ejercer el otro cargo de elección popular’ ¿Por cuál optó en realidad?

“Por donde uno observe jurídicamente el caso, no hay (forma de recuperar su papel como) senador en el caso de Velasco. Es lo que los senadores deben argumentar cuando pretenda regresar en diciembre de 2018, después de terminar su periodo como gobernador.

-Manuel Velasco afirma que hay otros casos similares, por ejemplo, el del ex jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, o el de otros senadores que piden licencia, como José Ramón Enríquez, quien solicitó licencia ese mismo 4 de septiembre.

-Mancera no tiene dos cargos de elección popular. Él renunció a su cargo como jefe de Gobierno y luego fue electo como senador por la vía plurinominal. El sí puede pedir licencia, pero no es el mismo caso que el de Velasco. El pretende ejercer alternativamente dos cargos, como senador y como gobernador. Hay una incompatibilidad jurídica de los cargos.

“La única manera de enmendar esta pifia monumental es que no se le permita regresar como senador y se quede en el cargo su suplente”, advierte el jurista Quijano Baz.

Ex diputado por Morena en el Constituyente de la Ciudad de México, Quijano Baz interpuso un amparo en octubre de 2016 precisamente para cuestionar a los diputados federales y senadores que fueron “designados” para ser constituyentes capitalinos, sin pasar por una elección.

En la parte fundamental del amparo, cuya copia tiene Proceso, Quijano subrayó que el sistema de incompatibilidad parlamentaria “tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la división de poderes; asegurar y preservar la independencia y control político que el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo y, por último, evitar que los representantes populares distraigan su atención en ocupaciones ajenas a su encargo”.

Otro principio fundamental para evitar que se ejerzan dos cargos a la vez es “la carencia de ubicuidad, que supone un impedimento material o una barrera física. No es razonable que una misma persona sea a la vez senador de la República y diputado al Congreso local de cualquiera de los estados de la República y menos gobernador”.