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Homozapping: Tamaulipas, entre el ‘fotoshop’ y las narcoelecciones

Un escándalo en las redes sociales y en los medios impresos se generó cuando el propio PRI confirmó que utilizó como evidencia para acusar al candidato panista a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una fotografía “truqueada” que no correspondía a la Columna Armada General Pedro José Méndez, sino a un grupo de autodefensas de Michoacán.

Gerardo Herrera, jurídico del PRI en Tamaulipas, refrendó las acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca por presuntos nexos con el crimen organizado, pero también admitió que la foto “fue obtenida en la red social de Twitter, en específico de la cuenta de usuario Antonio de la Cruz (@tonyexpreso), en fecha del 9 de mayo de 2016”.

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La demanda contra el candidato panista la interpuso el PRI el 10 de mayo ante la Fepade. El escándalo se generó el 12 de mayo cuando la propia agencia Cuartoscuro, propietaria de la foto original, afirmó que no se trataba de un grupo armado de Tamaulipas sino una foto de las autodefensas de Michoacán.

El enredo priista aplicó un fallido “control de daños”. El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, retó al PAN a deslindarse de sus candidatos “narcos” en Tamaulipas, y señaló:

“Efectivamente, tomamos una foto de internet. Anaya descalifica sólo una de las pruebas presentadas por el PRI, pero no dice nada de todas las demás”.

El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, reviró frente al escándalo advirtiendo que presentarán una demanda en contra del candidato priista Baltazar Hinojosa, por alterar una fotografía para tratar de vincular al aspirante panista con el crimen organizado.

Anaya afirmó en conferencia de prensa que lo sucedido en Tamaulipas forma parte de una estrategia de “guerra sucia” que el PRI está aplicando también en Veracruz, Aguascalientes y Quintana Roo.

La “Expulsión” de Candidatos del PRI

Antes de este episodio vergonzoso para el PRI, su líder nacional Manlio Fabio Beltrones, anunció el sábado 7 de mayo a través de una declaración de prensa que su partido retiraba las candidaturas priistas a presidentes municipales de los municipios de Hidalgo, Mainero y Villagrán por haber sido “amenazados, chantajeados o comprados” por el crimen organizado.

Afirmó también que estos tres candidatos apoyan “abiertamente” al candidato del PAN, Francisco Javier García de Vaca. “El PRI no se prestará a dar votos para quienes ceden o están coludidos con la delincuencia”, sentenció el dirigente nacional del PRI.

De manera simultánea a las declaraciones de Beltrones, el Instituto Nacional Electoral afirmó que capacitadores de ese organismo en las ciudades fronterizas han sido suspendidas temporalmente como “una medida preventiva” ante las amenazas del crimen organizado.

En respuesta a las acusaciones del PRI, el líder nacional el PAN, Ricardo Anaya, y el mismo candidato panista García de Vaca, respondieron que el avance del crimen organizado en Tamaulipas se dio en el marco de los tres últimos gobiernos priistas, en especial, los de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, investigados en Estados Unidos por sus nexos con los cárteles.

Ante este panorama, lo preocupante es que ni el PRI ni el PAN hayan presentado denuncia formal alguna ante la Procuraduría General de la República, y mucho menos hay un compromiso claro de ambos partidos para frenar las amenazas al personal del INE.

El Narco Estado en Tamaulipas

En Tamaulipas se vive prácticamente un narco-Estado desde hace más de una década, cuando el gobierno federal de Felipe Calderón, del PAN, decidió emprender una “guerra contra el narco” que afectó profundamente a esta entidad, y que ha continuado el gobierno federal del PRI.

Fue precisamente en Tamaulipas donde asesinaron hace seis años al entonces candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, y su hermano Egidio Torre Cantú “heredó” la nominación. En su sexenio, el crimen organizado se desató. Prácticamente, el crimen quedó en un enigma.

La disputa entre los dos grandes cárteles, Zetas y del Golfo, se ha traducido en una fragmentación de grupos criminales que amenazan a medios de comunicación locales, matan y desaparecen periodistas, presionan a candidatos a presidentes municipales.

El próximo 5 de junio se elegirán 22 diputados locales, 43 alcaldes y un nuevo gobernador en un clima cada vez más enrarecido.

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